El teléfono sonó cerca de las 21.00 del domingo 23 de febrero. A un lado de la línea, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Al otro, el Presidente Sebastián Piñera. Con tono seco, aseguran fuentes de La Moneda, el Mandatario pidió detalles de los incidentes que cerca de las 17.20 horas de la tarde comenzaron en la calle Viana de la Ciudad Jardín, se desplazaron hasta el Hotel O’Higgins, donde se evacuó a 60 huéspedes, y terminó con destrozos de mobiliario público y la quema de ocho vehículos particulares, en la noche inaugural del Festival de Viña.
Minutos antes de esta conversación, el Mandatario había recibido un llamado mientras estaba en su casa, en Las Condes.
- ¿Estás viendo la televisión?-, le preguntó el exministro del Interior y todavía consejero del Presidente, Andrés Chadwick. Piñera encendió la pantalla y se enteró de lo que, poco antes, había ocurrido en las cercanías de la Quinta Vergara. Molesto, el Presidente llamó a Blumel y pidió al equipo del Ministerio del Interior redoblar los esfuerzos para controlar el orden público ante el “intento de sabotaje” del certamen internacional. La “exigencia” del Jefe de Estado apuntaba a reducir los focos de violencia y las imágenes de incidentes graves, como la quema de vehículos o el ataque a un hotel, que posteriormente prevalecerían entre la opinión pública y medios internacionales.
El mismo discurso lo repitió el lunes temprano, en una reunión con el comité político. Piñera, recién llegado de vacaciones, comenzaba un nuevo período ofuscado, porque tras más de cuatro meses desde el estallido social, aún su gobierno no era capaz de controlar el orden público. Una preocupación que arrastra a diario y que se ha convertido en el mayor dolor de cabeza para el Presidente. A los destrozos en el país y la interrupción de la vida cotidiana de los chilenos, se suma la carga política que conlleva la incapacidad de controlar la situación, toda vez que la derecha ha endurecido su discurso, y la opción del “rechazo” en el plebiscito vincula estrechamente el “apruebo” con la permanencia del desorden. Una estrategia que polariza aún más a la coalición del Presidente, que ya aparece dividida frente al plebiscito.
Según comentan en La Moneda, Piñera volvió de sus vacaciones con objetivos claros y consciente de que marzo se viene “duro”. Primero, orden público; luego, reactivación económica y lograr que se pueda desarrollar un plebiscito en paz. Lo anterior, a sabiendas de que tiene un efecto electoral importante: debe recuperar el apoyo de su sector, pues enfrentar una elección de alcaldes, gobernadores y eventualmente constituyentes con un 6% de aprobación -como tiene ahora- es altamente complejo. En lo inmediato, el Presidente espera sortear el “inicio” del año con normalidad, y que el Congreso apruebe, ojalá antes del 15 de marzo, el proyecto de ley que permite a las Fuerzas Armadas proteger la “infraestructura crítica” sin necesidad de decretar estado de excepción constitucional. Una tarea que se ve difícil y para lo cual el mismo Presidente ha hecho gestiones antes senadores de la oposición. Eso, al tiempo que insiste en un “acuerdo por la paz y la democracia”.
Nueva estrategia
Esa noche de inicio de Festival había 700 carabineros y 600 PDI apostados para cuidar Viña. El punto, explican ahora, es que se enfocaron en cuidar los acceso a la Quinta Vergara, cuestión que se logró. Pero no fue suficiente. Ya al otro día se aumentó al doble la presencia de Carabineros y se dispuso que el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, viajara todas las tardes a la V Región para supervisar la jornada. Incluso, el propio Blumel debió viajar el martes a Viña.
El episodio fue parte de la conversación que tuvo el Presidente el miércoles pasado en la mañana con el general director de Carabineros, Mario Rozas, y el ministro Blumel. Con ellos repasó el plan elaborado por el gobierno y las policías para enfrentar el mes que hoy comienza. Un período en que, de todas formas, el desempeño de Carabineros está en la mira presidencial.
Cuentan en La Moneda que el plan en cuestión fue elaborado, primero que nada, “aprendiendo de los errores”. Para eso, se escucharon las sugerencias de la policía alemana, que tiene mejor expertise en el control del orden público. Además, se “reentrenó” a los oficiales que están en las calles.
40 puntos críticos
Estratégicamente, el plan confeccionado tiene tres ejes centrales: conocer el territorio, mejoramiento de los medios logísticos y evaluaciones periódicas de los procedimientos.
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Según explica el subsecretario Galli a La Tercera, el primer eje consiste en recoger todos los hechos que han ocurrido, para lo cual han trabajado con la Subsecretaría de Prevención del Delito, alcaldes y gobernadores.
Un levantamiento de información del gobierno -con antecedentes de ambas policías- identificó cerca de 40 “puntos críticos”, en la Región Metropolitana, donde podrían ocurrir incidentes graves. Entre estos puntos resalta la circunvalación de Américo Vespucio con Vicuña Mackenna, en La Florida; el eje Alameda entre Pajaritos y Escuela Militar, y el sector de Plaza Italia, próximo a la Estación del Metro Baquedano. También se incluyeron el estas “zonas rojas” la Plaza de Maipú y la Plaza de Puente Alto, las que hasta ahora y desde el estallido social no han dado tregua.
El segundo eje determinado por el gobierno es “dotar de mejores medios” a las policías. “No son solo medios tecnológicos o materiales, sino también entrenamiento y personal entrenado en derechos humanos y alistados para lo que viene”, asegura Galli. La reparación y mantención de los vehículos tácticos de Carabineros es otra preocupación de las autoridades. Por ello, “cuadrillas” de funcionarios de las Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae) estarán a disposición de la policía para reparar carros lanzaguas, lanzagases y vehículos blindados que sufran desperfectos durante los procedimientos, tal y como ocurrió en Viña del Mar, donde probaron este sistema de trabajo con la policía.
Y el tercer eje determinado por el gobierno es “la evaluación y mejora continua. Nosotros evaluamos todos los días qué es lo que ocurre el día anterior y ver cómo mejoramos nuestro procedimiento para el día siguiente”, sostiene el subsecretario. En esta línea, las cámaras de video adosadas al uniforme del personal de Carabineros que patrulle las calles será una pieza clave para afrontar las eventuales denuncias de maltrato a manifestantes o los casos de agresión a policías. Por ejemplo, ya está en manos del gobierno un video en que un manifestante acuchilla a un oficial.
Policías de civil en el Metro
El resguardo del transporte público será clave a partir de las primeras semanas de marzo. Por esta razón, el gobierno coordinó un trabajo entre los ministerios de Interior, Transportes, autoridades del Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM) y Metro. Con esto, La Moneda busca “tomar medidas preventivas, pero también ser capaces de reaccionar oportunamente frente a algún evento de orden público que pudiera estar relacionado con el sistema de transporte metropolitano, además de evitar la disrupción que genera alta ansiedad para la población y que, además, puede gatillar en mayor desorden público. Por lo mismo, hay que ser preventivos en esa materia y oportunos en la respuesta”, asegura Galli. Una medida concreta sería la destinación de personal policial de civil para patrullar en el tren subterráneo o vigilar zonas vulnerables de las vías férreas ubicadas en la periferia de la ciudad.
Junto a estas definiciones, el Alto Mando de Carabineros adaptó sus estrategias de cara a la contingencia que enfrentarían durante marzo. Fuentes de la institución aseguran que el pasado miércoles, en medio de una reunión consultiva del alto mando, donde asistió todo el cuerpo de generales de la institución, se abordó esta medida por más de cuatro horas. Allí se consideró que los días que podrían convocar la mayor cantidad de manifestantes en las calles serían el viernes 6 y el domingo 8 de marzo (ver página 12).
Uno de los focos que tendrá la policía en esas fechas será “disuadir y detener”. Sobre el primer punto, aseguran desde la institución, se apunta a “disuadir” a los manifestantes pacíficos y separarlos de las facciones más violentas, para luego identificar y aislar a los que cometen delitos.
El general Mauricio Rodríguez, jefe de Zona Metropolitana, explica que la medida apela a que los asistentes cuando estén “en presencia de manifestaciones y vean que estas son violentas o se transforman en agresivas, se alejen de esos lugares”. Así, la policía buscará detener a quienes, principalmente, cometan delitos graves, como el porte de elementos incendiarios, o se cometan saqueos.
Según fuentes policiales, la implementación de la nueva estrategia había sido tratada con las autoridades del Ministerio del Interior, luego de los días más violentos de la crisis iniciada el 18 de octubre. El sistema de “intervención selectiva” será utilizado para detener a quienes agredan al personal policial o quemen infraestructura pública o privada.
Otra medida para marzo que tomó el alto mando será impedir que sus efectivos tomen días libres, a excepción de los fines de semana. El 19 de febrero, la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros pidió a la subdirección de la institución suspender los feriados de los efectivos, “con la finalidad de contar con el capital humano suficiente para enfrentar los compromisos institucionales que de ellos deriven”. La subdirección aceptó la propuesta y contestó, con copia a todas las zonas del país, que se “otorga la anuencia para suspender los feriados a contar del 01.03.2020”. Una muestra clara de que, tal como repite el Presidente, “marzo se viene duro”.
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March 01, 2020 at 10:07AM
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